La universidad española necesita una puesta al día basada en la calidad. El sistema sufre una alta tasa de estudiantes que no acaban a tiempo (casi el 70%); el 60% de sus titulaciones no consigue más de 75 nuevas matrículas al año y faltan incentivos económicos para la docencia y la investigación. La solución: rebajar la financiación de las carreras con menos alumnos; crear un fondo estatal para investigación y establecer un índice de eficiencia para decidir a qué universidades dar más dinero. Éste es un resumen del diagnóstico y la solución propuesta por el Consejo de Coordinación Universitaria, en su informe sobre financiación de la universidad española. Su coste: 2.733 millones de euros extra para la educación superior en los próximos cinco años.
Gastar más, pero gastar mejor. Poner a las universidades españolas entre las primeras del mundo, según el informe sobre financiación, pasa por gastar más dinero en áreas hasta ahora más desatendidas (por ejemplo, la investigación) y evitar la pérdida de recursos por culpa, por ejemplo, de las excesivas repeticiones de los alumnos: sea culpa de estudiantes o de profesores, sólo el 32% termina la carrera en el tiempo establecido.
Los 2.733 millones extra en los próximos cinco años supondrían pasar del 1,22% del PIB (1% público) de gasto en educación superior al 1,5%, proporción similar a la de los países del norte de Europa. También se aumentarían los recursos de las universidades destinados a investigación y desarrollo, llegando al 0,5% (hoy es el 0,32%). Los resultados de la investigación de la universidad española están bastante lejos del primer nivel: las publicaciones científicas son la mitad que en los países punteros de Europa y la cantidad de patentes que salen de las universidades es ínfima.
Aunque también hay que señalar algunos puntos fuertes del sistema (más universitarios y más profesores por alumno que la media de la UE y la OCDE, por ejemplo), sus evidentes debilidades vienen señalándose desde hace años. Ahora, el informe sobre la financiación universitaria, cuya publicación se ha ido retrasando sistemáticamente, viene a abrir por fin algunas vías concretas para invertir la situación.
Estas propuestas redactadas por un grupo de expertos del Consejo de Coordinación serán discutidas con el Gobierno y las comunidades autónomas el próximo martes. En líneas generales, se propone reordenar los criterios de financiación, hoy casi únicamente vinculados al número de alumnos y titulaciones, contemplando la investigación e introduciendo criterios de calidad. Éstas son algunas de las propuestas:
- Incrementar el gasto. El año pasado se gastaron unos 11.000 millones de euros en educación superior (aproximadamente, el 79% fue público). El informe propone un esfuerzo tanto de las administraciones como del sector privado, dejando la proporción de gasto en un 80% de los organismos públicos y un 20% del sector privado. En ese mismo porcentaje se repartiría el gasto extra para los próximos cinco años de 2.733 millones (ver gráfico)
. El 20% de los privados lo tendrían que aportar tanto los estudiantes como las empresas (por ejemplo, a través de contratación de formación).
- Medir la calidad. Vincular la financiación básica a los resultados es algo más o menos aceptado, pero los procedimientos para medir esos resultados son controvertidos. El informe ofrece una propuesta que iría más al detalle de los gastos de docencia (grupos más o menos grandes, prácticas, etcétera) y además tendría en cuenta conceptos la rendición de cuentas, equidad o eficiencia. En cuanto a éste último, se tendrán en cuenta los resultados de los alumnos (dividiendo el número de asignaturas que cursan los por el número de las que aprueban). De esta manera, la financiación pública estaría dispuesta a sufragar un 30% de "ineficiencia". Al resto tendrían que hacer frente entre las universidades y los propios alumnos repetidores, que pagarían más dinero que ahora por la segunda o la tercera vez que se matriculen en la misma materia. En estos momentos, sólo están por debajo de ese 30% las carreras sanitarias, y se llega al 46% en las ingenierías.
- Revisar el 60% de títulos. Éste es el porcentaje de carreras que tiene menos de 75 alumnos nuevos al año. No se trata de eliminar títulos, dice el texto, pero la repetición hasta más de 2.200 veces de las 140 carreras que existen, unido al descenso de alumnado, han hecho que muchos títulos no sean viables. La propuesta consiste en coordinar una reordenación más lógica, buscando la especialización de los campus hacia distintas áreas el saber e, incluso, hacia la investigación. La propuesta más concreta es la de no dar dinero para estas titulaciones ineficaces a no ser que se justifique por su importancia estratégica (Filología Catalana, por ejemplo) o porque se comparten recursos (clases) con otras titulaciones similares (de nuevo, el ejemplo de las filologías).
- Incentivar a los profesionales. Se propone la creación de complementos al sueldo a los profesores e investigadores por cada seis años de ejercicio. Otro complemento premiaría la gestión al año de ocupar un cargo de responsabilidad en las universidades, como los vicerrectorados.
- Fomentar las becas. Del dinero extra que se solicita, 244 millones se destinarían a mejorar el sistema de becas y ayudas. A la mejora de la equidad y afrontar los costes de la nueva organización universitaria en el espacio europeo (Grado, Máster y Doctorado), se les une como beneficio la propia reordenación de los títulos: con más movilidad de los estudiantes, será más fácil reunir las titulaciones con pocos alumnos.
- Crear un fondo para investigación.
Se propone la creación de un fondo estatal (con dotación de la Administración General del Estado y abierto a la participación de las comunidades, fundaciones, corporaciones y empresas) para premiar con más fondos a las universidades que más patentes y publicaciones acrediten. Además, sin dejar de lado la investigación básica, se pide empezar a tener en cuenta la utilidad de los proyectos (su posible aplicación práctica) a la hora de financiarlos. También se propone que uno de los criterios para conceder recursos sea la cantidad real destinada a investigación el año anterior, es decir, premiar una apuesta real.
La candidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, Inés Sabanés,ha propuesto la implantación de la figura del educador social en los Institutos de Secundaria “cuya función sea intermediar y prevenir los posibles conflictos que surjan en la convivencia”. “Inicialmente se crearía un colectivo de 40 educadores sociales y posteriormente se iría ampliando el número hasta su implantación total en la red. Para este objetivo destinaremos 32 millones de euros adicionales” ha añadido. (entamueducacionsocial.blogspot.com).